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Este 12 de julio se espera que la aprobación a la nueva Ley de Servicio Civil del Congreso, sin embargo, todavía existe el riesgo que esta sea frenada por algunos trabajadores.
De acuerdo con Mario Taracena, Presidente del Congreso de Guatemala, la sesión puede ser saboteada por algunos personajes que están en contra del cambio.
No obstante, si aún no te queda claro de qué se trata la discusión o por qué este cambio puede ser bueno o malo para Guatemala, aquí te dejamos ciertos conceptos que te podrían ayudar.
Es un conjunto de leyes que rige el Servicio Civil de Guatemala, o bien, a los trabajadores del Estado. Los derechos que esta ley presenta, son las garantías mínimas e irrenunciables con los que cuentan los trabajadores del Estado, y cualquier cambio fuera de la ley que atente contra estos derechos es nulo.
Entendiendo que que esta ley esta por encima de cualquier tratado particular que atente sobre los derechos de los servidores públicos, la única forma de realizar un cambio es reformando la ley. 
En febrero de 2016, la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentó un informe sobre los pactos colectivos del congreso, en el cual se indicaba que existía una violación del principio de igualdad entre los trabajadores del Estado.
Este informe formó parte de 14 más, los cuales demostraban que los pactos colectivos no cumplían con dictamen técnico del presupuesto, de finanzas públicas y en este caso, de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).
Al tratar de realizar cambios a estos pactos colectivos del congreso, los sindicalistas representantes de los trabajadores, no aceptaron los acuerdos propuestos por el congreso, lo que no llevó a ningún lugar.
Por esta y otras razones, se llegó a la conclusión que lo necesario debía ser el cambiar la Ley de Servicio Civil, ya que es la única vía legal que se tiene para mejorar el sistema de funcionamiento del congreso.
Uno de los cambios previstos en esta ley, forma parte de los pactos colectivos, en el que los trabajadores recibían un aumento cada año del 10%. Sin embargo dicho aumento era sobre el total del sueldo y no sobre el sueldo base como debería de ser.
Esto generó problema para más de 1,662 trabajadores quienes recibieron el aumento en enero y esperaban uno igual el próximo año.
Entre otros cambios, se espera que el presidente del congreso, no pueda tomar decisiones unipersonales, si no que se presenten a la Junta Directiva y sea una decisión colegiada.
Estos mismos directivos, podrán mover, remover y nombrar a trabajadores; y tendrán a su cargo la contratación de personal para proyectos temporales o plazas transitorias.
Quizá una de las reformas más importantes, es que se regulará la contratación de personal que tenga un grado de parentesco de consanguinidad o afinidad con el personal ya laborando. Lo que pretende acabar de buena manera con el nepotismo que el congreso sufre.
También obligará a los trabajadores a firmar una declaración jurada para investigar si tienen familiares trabajando trabajando para el Legislativo. Lo cual ha generado también problema para los sindicalistas y otros trabajadores, a quienes parecen tener acorralados y es por esto que han saboteado ya en otras ocasiones, las discusiones para estos cambios.
