El pasado miércoles en horas de la noche, en La Habana, Cuba, las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC llegaron a su fin con el anuncio de un acuerdo definitivo e histórico después de 52 años de conflicto.
Luego de casi 4 años de difíciles discusiones en el mismo país por lograr el convenio que acabaría con el conflicto armado más largo de Latinoamérica con más de 260 mil muertos y 7 millones de desplazados, el cierre de diálogo entre ambas partes se encuentra finalmente cerrado.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos aseguró «Hoy podemos decir que se acabó la guerra«. El documento fue rubricado por los negociadores de las dos delegaciones, Humberto de la Calle por el gobierno colombiano y Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez» en representación de la guerrilla.
Este acuerdo deberá ser aprobado por una conferencia nacional de las FARC, donde estos decidirán si dejarán las armas, y después será puesto en vigencia por el pueblo colombiano en un plebiscito convocado por el Congreso el 2 de octubre.
Detalles del acuerdo:
- Reforma rural integral y tierras
- Participación política y apertura democrática
- Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las armas por parte de las FARC y lucha contra las organizaciones criminales.
- Solución al problema de las drogas ilícitas
- Resarcimiento de las víctimas
- Mecanismos de implementación, seguimiento y verificación de Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias.
Con estos 6 puntos mencionados, las FARC para garantizar su transición hacia una fuerza política, tendrá curules asegurados en el Congreso. El presidente Santos confirmó que los futuros exguerrilleros podrán participar en elecciones desde el siguiente periodo constitucional (2018) y tendrán «una representación mínima asegurada por dos periodos» aún si no logran los votos.
Otro aspecto importante es que las FARC entregarán sus armas a Naciones Unidas en un lapso de seis meses y se implementará un modelo de justicia transicional que servirá para el juzgamiento de guerrilleros, fuerza pública y civiles que cometieron delitos dentro del conflicto.
