El país enfrenta un punto decisivo para asegurar su futuro energético. Según el Informe Estadístico Anual 2024 del AMM, la demanda de energía crece entre un 4 % y 7 % anual. Esto supera la capacidad de la nueva generación instalada. Por ello, es urgente habilitar proyectos de energía renovable para evitar un déficit. Este déficit podría afectar tanto a familias como a sectores productivos. De no hacerlo, el país se expone a escenarios de racionamientos, apagones y un aumento significativo en el costo de la electricidad.
La energía no es un lujo, sino la base del desarrollo social y económico. Más de 4.2 millones de hogares dependen de un suministro confiable para conservar alimentos, prender un foco para estudiar o mantener hospitales en funcionamiento. No garantizar la continuidad eléctrica pone en riesgo la salud, la educación y la calidad de vida de millones de guatemaltecos.
Además, la competitividad y la capacidad de atraer inversión extranjera también están en juego. En un país con suministro eléctrico incierto o costos energéticos elevados, las inversiones se ven afectadas. En un mundo globalizado, la energía estable y accesible es fundamental para generar empleo y crecimiento económico.
“El llamado es claro, la soberanía energética debe estar por encima de intereses particulares o bloqueos administrativos. Guatemala tiene la oportunidad de convertirse en líder regional en generación renovable. La energía es progreso, y detenerla significa condenar a nuestra gente a un futuro más caro, más frágil y menos justo”, indicó Alfonso González, presidente de AGER.
Energía limpia
Actualmente, el 64 % de la población aún depende de la leña para cocinar, según el Instituto Nacional de Bosques. El humo generado impacta gravemente la salud pública, siendo un “asesino silencioso”. Resolver esta situación requiere un enfoque integral, incluyendo políticas públicas y estrategias que permitan a las poblaciones con recursos limitados acceder a energía limpia.
El panorama se agrava cuando decisiones arbitrarias de municipalidades también impiden que el desarrollo y la energía lleguen a las comunidades. Los proyectos de generación eléctrica impulsan inversión social en salud, educación y seguridad alimentaria.
«La energía es un tema de país que nos involucra a todos, y su desarrollo requiere del esfuerzo conjunto de sociedad civil, instituciones, municipalidades, así como del sector público-privado. En este sentido, la colaboración de los Gobiernos municipales y sus Consejos resulta clave. Ayudan a facilitar la instalación de proyectos intensivos en capital. Además de aportar certeza y estabilidad al sistema eléctrico nacional, estos generan beneficios directos para las comunidades, tales como: empleo local, inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo social en general.
Ante ello, apostar por plantas de generación renovable contribuye a que los gobiernos municipales se conviertan en promotores de desarrollo de sus municipios. Así cumplen compromisos adquiridos por las autoridades, que contribuirán con el bienestar general de la población. Además, es apostar por un suministro competitivo y sostenible. Este fortalece la confianza de los inversionistas, impulsa la economía y garantiza bienestar y desarrollo para todos los guatemaltecos”, concluyó González.
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